La Comunidad de Madrid rechaza las 7.706 licencias de Cabify

La Comunidad de Madrid ha rechazado la solicitud de Cabify para obtener 7.706 licencias VTC en la región. La empresa de movilidad presentó esta petición después de que el Tribunal Supremo anulara la negativa anterior, emitida en 2018, y obligara a la administración regional a reconsiderar la solicitud según la normativa vigente en ese momento.

Cabify ha anunciado que apelará ante la justicia la decisión de la Dirección General de Transportes, argumentando que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está desobedeciendo el mandato del Tribunal Supremo, «que ordenaba reconsiderar la solicitud conforme a la regulación de 2018, sin aplicar la ratio 1:30, declarada contraria al Derecho Europeo».

¿Qué comenta al respecto Cabify?

La compañía de transporte afirma que «existen numerosas resoluciones en los últimos años que confirman que varias administraciones, incluida la Comunidad de Madrid, han actuado ilegalmente». Además, lamenta que «se desperdicie la oportunidad de ofrecer a Madrid un servicio de transporte discrecional adecuado a las necesidades de sus ciudadanos y visitantes».

Horas después del anuncio de Cabify, la Comunidad de Madrid emitió un comunicado defendiendo haber cumplido «escrupulosamente» con lo dictaminado por el Supremo, alegando que su actuación se ajusta a la normativa vigente, «que estipula la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres».

Sobre la regulación de Cabify:

El gobierno regional justifica su negativa basándose en el incumplimiento de varios requisitos legales, «como la falta de domicilio de los vehículos en su ámbito territorial o la incapacidad de la empresa para acreditar la posesión de los vehículos mediante un título de propiedad o arrendamiento a largo plazo».

De este modo, la Comunidad de Madrid sostiene que su regulación «protege a los usuarios y sus derechos» mediante requisitos de calidad y seguridad «suficientes para garantizar buenas prestaciones a los ciudadanos».