Google y Bruselas, a juicio por una sanción de 4.300 millones

Google y la Comisión Europea empezaron ayer a exponer sus argumentos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una vista por la multa de más de 4.300 millones de euros que Bruselas impuso a la compañía en 2018 por considerar que firmó contratos ilegales con los fabricantes de dispositivos Android para fortalecer el dominio de su motor de búsqueda.

En la vista, que se alargará hasta el viernes, la CE acusa a Google de haber firmado contratos con fabricantes de teléfonos y operadores de redes obligándoles a instalar el buscador Google Search y el Google Chrome en los dispositivos Android, a cambio de cederles la licencia de su tienda de aplicaciones Play Store.

Bruselas argumenta que desde 2011 estos acuerdos fueron ilegales porque el objetivo de Google fue proteger y fortalecer la posición dominante que tiene en el mercado su motor de búsqueda y mantener así los ingresos que obtiene a través de la publicidad en línea.

Android es un sistema operativo de código abierto y cada vez que el gigante tecnológico desarrolla una nueva versión lo pone a disposición de los fabricantes de dispositivos móviles y de los operadores de redes. El software no contiene ninguna aplicación preinstalada y los fabricantes deciden con qué apps quieren vender los terminales.

Google alega que la mayoría los ofrecen con su Play Store para llegar a más clientes y a cambio de cederles la licencia gratuitamente, les obliga a instalar Google Search y Google Chrome para obtener un rédito económico por el desarrollo de un software libre. Bruselas, sin embargo, rechaza el argumento porque considera que la empresa ya obtiene ingresos anuales de miles de millones solo con la Play Store. Además, alega que al tener ya un buscador instalado, los usuarios tienen menos incentivos para descargarse otro, hasta el punto que en 2016, más del 95% de las búsquedas en los Android se realizaron con el servicio de Google.