Barcelona estudia una ‘tasa Amazon’ para los gigantes del eCommerce
25 agosto, 2020
El consistorio quiere gravar a grandes empresas por el uso del espacio público y el tráfico y contaminación que generan
La tasa, que desde hace años reclaman las asociaciones de comerciantes, comenzó a tomar forma tras la aprobación, hace casi un año, de una proposición de ERC. El texto apostaba por la creación de una tasa municipal para gravar a las plataformas de comercio electrónico que trabajan en Barcelona. Fue apoyado por el gobierno municipal (comunes y PSC, que llevaba la idea en su programa electoral) y JuntsXCat. Ciudadanos se abstuvo, y el PP y Barcelona pel canvi votaron en contra.
El concejal de republicano Jordi Castellana defendió la propuesta para “compensar los tributos que paga el comercio tradicional” y la mirada puesta en el uso del espacio público. ERC insistió en la tasa como condición para aprobar los presupuestos de Colau de 2020. Castellana admite “la complejidad jurídica de una tasa que sería la primera en el mundo” y explica que las opciones estudiadas pasan por gravar cada entrega o el volumen de negocio que cada operadora obtenga en la ciudad. Y apuesta por “bonificaciones y exenciones”, si las empresas utilizaran vehículos limpios.
Desde el gobierno municipal y durante su etapa académica, la concejal de Hacienda, Montserrat Ballarín, tiene estudiados los pros y contras de un tributo que, sabe, “fácil no será”. El Ayuntamiento quería encargar un estudio a un experto en tasas, que luego trabajaría con técnicos municipales. Pero el Gobierno central se les adelantó al fichar al experto que habían elegido. Ese traspiés y la crisis del coronavirus lo ha retrasado todo.
Ballarín defiende “la potestad tributaria del Ayuntamiento para gravar la movilidad” y alerta de que tendrán en cuenta algunos riesgos: “No queremos penalizar a riders ni las compras on line a comercio local; queremos que las operadoras que tienen sus sedes corporativas fuera contribuyan y destinar la recaudación al comercio de proximidad”. “Técnicamente es muy difícil, porque las tasas se aplican a los beneficiarios del uso del espacio público: un bar y sus terrazas. En este caso hay un beneficiario que es el cliente, y el beneficio económico de la transacción”, indica y ve cierta similitud con la tasa a los cajeros automáticos: “Los utiliza el cliente pero quien gana dinero son las entidades financieras”.
La edil explica que, desde el punto de vista constitucional, la la contribución “se basaría en el uso del dominio público local que hacen las plataformas para obtener un beneficio económico”. La tasa también se apoyaría en las “externalidades negativas que genera la distribución de esos productos”, como mayor tráfico y contaminación. Para materializarlo, se valdría de la Ley catalana de comercio, que fija que “los ayuntamientos deben regular y tasar por medio de ordenanzas la distribución de productos adquiridos por internet o a distancia, de acuerdo con sus competencias en materia de movilidad, sostenibilidad y seguridad en su municipio”, añade.
Estarían obligadas al pago las plataformas de venta on line “de mayor facturación en el territorio español y las empresas que tengan como negocio principal la venta on line”. Y estarían excluidas las tiendas con tienda física como actividad principal. Otra cuestión será cómo cuantificar la tasa. Y aquí Ballarín apuesta por “un porcentaje bruto de la facturación de cada empresa en la ciudad el año anterior”. Cita el caso de suministradoras que utilizan “el dominio público y que pagan un 1,5% de sus ingresos brutos”.
La geógrafa de la UAB y experta en movilidad, Carme Miralles, ve bien “que el comercio electrónico tenga algún mecanismo de retorno por su impacto en la vida de las ciudades”. “Es un fenómeno nuevo pero todavía no tiene desarrollado el engranaje contributivo”, apunta.